Para sociedades que viven mayoritariamente en ciudades, es esencial destinar recursos hacia espacios de uso común para el esparcimiento, el deporte y las áreas verdes. Si eso no existe, las megaciudades se convierten en espacios hostiles, contaminados y propiciadores de tensión. Buenos ejemplos los hay en la historia y en el presente.

De no haber sido por la concepción urbanística que guió a grandes ciudades como Nueva York, Londres o París, que cuentan con espacios como Central Park, Hyde Park o el Bois de Boulogne, hoy serían invivibles. Más recientemente en varias otras ciudades se han dado decisiones cruciales de inversión de recursos para dotar a la gente de más espacios públicos y áreas verdes. Shanghai creó en la última década un parque mucho más grande que el Parque Central de NY, a partir de espacios de las olimpiadas de 2007. Para no ir tan lejos, a la reciente desactivación del viejo aeropuerto de Quito no siguió su lotización, sino su conversión en un espacio público del que hoy empieza a gozar la población quiteña.

En Lima las cosas pintan claro oscuro. Las áreas verdes y espacios de uso público disponibles son de las más pobres per cápita de América Latina: la ciudad cuenta con sólo 3.6 m² por habitante de áreas verdes, uno de los índices más bajos de la región. Distritos como SJL e Independencia tienen menos de 1 m²/hab. cuando la recomendación de la OMS es contar con no menos de 8m²/hab. México DF cuenta con 15.1 m²/hab. y Santiago de Chile con 10 m²/hab.

Podríamos estar peor pero, felizmente, algo se ha hecho en Lima en los últimos años. Si en el 2009 se contabilizaban aproximadamente 2 m² de área verde por habitante, esta área casi se ha duplicado en los últimos cinco años gracias, en parte, a los esfuerzos de SERPAR, empresa de parques de Lima. Se han creado seis nuevos parques zonales, ocho nuevos centros culturales y otros ocho mejorados integralmente. Algo, pues, alentador. Esto ha ocurrido en paralelo al enorme crecimiento nacional en inversión inmobiliaria ocurrido en los últimos 10 años del orden del 11% anual; un nivel “casi chino” de expansión. Bueno por eso y por quienes hicieron la inversión.

Preocupa, sin embargo, que se pudiera estar colando una visión cerril y arcaica del “deber ser” de la inversión inmobiliaria divorciada de espacios verdes y de áreas de uso público. Es grave lo que dice el comunicado que SERPAR publicó este domingo: la amenaza de que se recorte en más de 90% los recursos disponibles para la administración de los 15 parques zonales y metropolitanos y para la construcción de los que están en proyecto. SERPAR ha venido mereciendo justos reconocimientos del sector privado como el reciente premio que le otorgó “Ciudadanos al Día” por buenas prácticas en gestión pública y debería merecer respaldo.

Pero, por lo visto, para algunos gastar en parques es botar la plata cuando es exactamente al revés: para la inversión inmobiliaria es beneficiosa la inversión en áreas verdes y de uso público. Ella, en efecto, añade valor a la propiedad inmobiliaria. Ejemplos recientes: el efecto de la inversión en el parque Grant en Chicago o en el Malecón 2000 en Guayaquil. En uno y otro caso se multiplicó el valor de la propiedad del suelo y de las inversiones inmobiliarias aledañas. Más allá de eso, se contribuyó a crear un ambiente más sano y vivible para la gente.

Este zarpazo a los recursos de los parques y espacios públicos de Lima ocurriría de concretarse la modificación en la legislación tributaria que, para “incentivar” la inversión inmobiliaria, recortaría radicalmente los aportes que, por ley, tiene que hacer a SERPAR. Con ello la entidad colapsaría pues se financia con esos aportes. Esto es muy grave. El Estado debe ser activo promotor de la inversión, pero debe serlo sin olvidar su obligación de velar por el interés común haciéndola compatible con el interés general. A esa inversión, por lo demás, le conviene que se gaste en espacios públicos y áreas verdes.

Estoy seguro –y esperanzado– de que ante un asunto de interés público y nacional tan evidente como éste prevalezca un consenso saludable en el Congreso. Y que el legítimo deseo de incentivar la inversión inmobiliaria se haga con otras herramientas.