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foto: elva tocunaga

Es simplemente cuestión de derechos

Publicado: 2014-04-17

Ningún partido político podría reunir hoy en Lima a tantas personas para marchar por una causa. Especialmente jóvenes, convocados básicamente a través de las redes sociales. La marcha de miles el sábado por la tarde, clamando por igualdad y derechos ciudadanos, es un signo notable de vitalidad en la sociedad y una señal muy saludable de tiempos de cambio en las mentalidades de la gente. Y en esa actividad teníamos que estar todos quienes estamos convencidos que hay mucho por hacer para avanzar en la tolerancia y la inclusión en la sociedad peruana.

La discriminación por orientación sexual existe y es inaceptable en una sociedad democrática. Si bien el muy cauto proyecto de ley sobre unión civil es limitado, no cabe duda que es un paso en una correcta dirección igualitaria. Resulta incomprensible, sin embargo, la lentitud con la que el asunto se viene tramitando en el Congreso cuando se trata de un tema en el que están de por medio varias obligaciones internacionales del Estado peruano que no admiten dudas.

Sin duda las trabas podrían encontrarse básicamente en dos niveles. Por un lado, los prejuicios de muchos en la sociedad. Que consiste, en esencia, en una irracional resistencia a reconocer como un “dato de la realidad” la diversidad en la orientación sexual de las personas. Sin tener en cuenta que la misma no es cuestión de “gustos” u “opciones”, sino de componentes que le hacen a la identidad de una persona. Por otro lado, la campaña oscurantista y totalitaria de un sector de la jerarquía eclesiástica que alimenta esos prejuicios. Y que trata de imponer sus ideas al Estado peruano como si fuera confesional en campaña capitaneada, por cierto, por el purpurado limeño, uno de los políticos más confrontativos y reaccionarios de América Latina, quien califica como “mercadería dañada” a las personas con orientación sexual diferente.

Si bien los prejuicios en la sociedad pueden verse alimentados por las campañas de líderes eclesiales extremistas y fanatizados, a cada espacio corresponde un tratamiento distinto. Frente a los prejuicios que todavía existen, el deber de la autoridad en una sociedad democrática no es ponerse a la zaga sino enfrentar los prejuicios. Como ya lo comenté en otra nota (LR. 3/10/13), si en la década del 60 en la lucha por los derechos civiles y contra la discriminación racial en EE.UU. el Estado hubiera esperado a tener primero las encuestas a favor, la evolución legal habría demorado mucho más.

En cuanto a la campaña de ese sector eclesial extremista, es evidente que sin negarle el derecho a la opinión, habría que decirle “zapatero a tus zapatos”. Las políticas y normas del Estado se deciden en las instancias establecidas por la Constitución y la ley y no en púlpitos mutados a curules parlamentarias. Tal vez en Irán u otros Estados confesionales las cosas pueden ser distintas, pero no es ese el marco institucional vigente en el Perú que todos debemos respetar.

Se ha dicho, con razón, que este es un “asunto de derechos humanos”, pues está prohibida toda forma de discriminación. Hay, sin embargo, un asunto fundamental sobre el cual es necesario insistir: no solo la discriminación está prohibida sino que el Estado está obligado a actuar, adoptando “medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes”.

En sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculante para todo el sector público nacional, se ha establecido sin ambigüedades que “está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”. Más claro ni el agua.

Muy bien, pues, que el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo hayan presentado informes sensatos y razonados sobre el proyecto de unión civil. El Estado no tiene otra opción sino la de hacer respetar el principio de no discriminación por orientación sexual. Sería útil que nuestros (as) congresistas tuvieran en cuanta que no tienen otra opción.


Escrito por

Diego García Sayán

Abogado. Ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Justicia.


Publicado en

Pisando fuerte

Miradas globales enfocadas sobre derechos, sociedad y medio ambiente.