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Volcanes en las calles

Publicado: 2014-03-06

Era “de protesta y volatilidad” es la calificación que le da el periodista John Lee Anderson a los tiempos que corren en un interesante artículo publicado la semana pasada (“Where protests end”). La tesis es que la regla actual en el mundo es la inestabilidad crónica frente a “gobiernos autoritarios, parlamentos ineficaces y Estado de Derecho insuficiente”. El tema es complejo y merece al menos tres comentarios.

Primero, que si bien hay protesta y volatilidad· en algunos lugares, esto no es algo generalizado a lo largo y ancho del mundo. No lo es, por ejemplo, en América Latina. Y no incluyo, por cierto, las tensiones políticas o reclamos que los hay en todos lados y son parte de la vida en sociedad. Sino a esas situaciones límite que apuntan a una amenaza objetiva a la estabilidad de gobiernos constituidos por la que pueden colapsar.

Segundo, porque las protestas masivas contra lo que se sindica como corrupción, inseguridad y falta de transparencia desde, no conducen necesaria ni linealmente a la caída de los gobiernos. Y, paradójicamente, en un país considerado “estable” se puede armar tal nivel de extensa y profunda protesta, que el gobierno acaba colapsando. Hasta hace algunas semanas, por ejemplo, en el ranking más respetado sobre volatilidad institucional, Ucrania aparecía con 60 países de ventaja en mayor estabilidad que sobre Colombia. Y pasó lo que pasó. Centenares de muertos, el colapso del gobierno, la fuga de Yanukovych, el desplazamiento de más de 150,000 soldados rusos en la frontera, la ocupación de Crimea y el país al borde de la secesión.

Las explicaciones sobre la diferencia de resultados no son sencillas. ¿La dura represión? Eso le sirvió a la dictadura militar egipcia y le va funcionando a Assad en Siria, pero no le evitó el colapso a Gadafi en Libia ni el más reciente en Ucrania. Por supuesto que una clave está en la capacidad de maniobra gubernamental y en que tenga – o no – una “base social” importante y, por otro lado, en el abanico social de la protesta. Si ésta incluye a distintos y variados sectores, su impacto es muy distinto de un proceso en el que, por ejemplo, los actores son esencialmente de la clase media.

Tercero, porque ese resumen de lo que pasa en el mundo soslaya la dramática realidad en la que los Estados, simple y llanamente colapsan. Todo viso de autoridad estatal desaparece para ceder terreno a la violencia generalizada o a la “limpieza étnica”. Es lo que ocurre en países africanos como Sudán del Sur o la República Centroafricana. En los que incluso al homicidio sucede el canibalismo (“Una matanza atroz”, LR 20/2/14). O en zonas de Libia en las que caóticas milicias han sustituido a la presencia de un Estado hoy cuasi desvanecido.

Cada una de estas situaciones lleva a formas de acción distintas por la comunidad internacional. Llama la atención por eso, que algunos de los razonamientos sobre Venezuela impliquen para los demás países acciones o conductas que no son viables. Es curioso el simplismo de algunos razonamientos que implícitamente llevan la tesis, por ejemplo, de que una sesión extraordinaria de la OEA o recurrir a la Carta Democrática Interamericana podrían llevar o “contribuir” a la caída de Maduro. En tensiones internas como esa, los actores internos no sólo son los grandes protagonistas sino que tienen que ser, a la vez, quienes encuentren la salida. Los “buenos oficios” de la comunidad internacional pueden contribuir, por cierto, a promover caminos de diálogo y de distensión. Es, por ejemplo, lo que la oposición democrática consiguió desempeñara la OEA en el Perú el año 2000 con la “Mesa de Diálogo” luego de la Asamblea de Windsor de junio de ese año.

Muy distinta es la situación de los Estados colapsados. Allí la intervención directa de la comunidad internacional con una operación de paz militar es indispensable para frenar la matazón, implantar algún atisbo de orden público y lograr que algunas cosas funcionen. Operación acompañada, por cierto de civiles para el establecimiento de resultados básicos en la justicia, la seguridad y los servicios públicos que apunten a reconstruir el tejido social.


Escrito por

Diego García Sayán

Abogado. Ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Justicia.


Publicado en

Pisando fuerte

Miradas globales enfocadas sobre derechos, sociedad y medio ambiente.