Exitoso rescate de los 9 mineros gracias a un Estado presente y un sector privado solidario. A la vez, una dura lección sobre los riesgos de la minería informal que el año pasado ya costó la vida de 52 peruanos. Más allá del rescate en Quilque: paro y marchas en Cajamarca por Conga y tensión en La Oroya por Doe Run. Y otros 235 conflictos en paralelo, el 58,6% de ellos por causas “socioambientales”. En el diario El País de esta semana se llega a decir que esto comienza “a asfixiar a Humala”. Hay algo de catastrofismo en ello por lo que el tema debe ser manejado con pinzas.

De los informes de la Defensoría del Pueblo, la observación de la realidad y criterios ya expuestos en esta misma columna, se desprenden tres constataciones. La primera es que la conflictividad social en sí misma no es “anormal” sino que es inherente a la vida social. Y lo es más en un contexto de expansión económica, inversión masiva en el sector primario (minería, principalmente) y de percepción de bienestar. Eso aviva tanto las expectativas en la población como el celo por los recursos naturales. Nada extraño, pues, que haya conflictos, que el grueso de ellos sea por el tema ambiental y que haya quienes quieran pescar a “río revuelto”.

La segunda constatación es que la cantidad de conflictos es alta (237)  pero, aun así, inferior a etapas anteriores. Durante los últimos dos años del presidente García hubo mucho más. A fines del 2009, por ejemplo, eran casi 300 y, además, con muchos muertos y heridos. Los fallecidos durante el quinquenio 2006-2011 llegaron a 195, entre civiles (165) y policías (30), y los heridos a 2.312, entre civiles (1.799) y policías (513). Resultados graves y lamentables, que, además, le echaron leña al fuego de la desconfianza y la conflictividad en la sociedad peruana. Da la impresión que ahora hay un celo especial desde el gobierno en evitar que la policía haga uso excesivo de la fuerza lo que no sólo es saludable sino obligación jurídica y que, esperemos, no derive en resultados tan lamentables. No parecería haber base, pues, para concluir que se está al borde de la asfixia.

La tercera constatación es la de la recurrente inoperancia del Estado peruano. Que si bien ha ido incorporando algunos criterios y mecanismos para prever y procesar la conflictividad, sigue privilegiando un enfoque casuístico y tecnocrático. Sigue pendiente la reforma del Estado y enfrentar su falta de institucionalidad. Sustituido queda todo por “mesas de diálogo” que acaban siendo respuestas inmediatistas con escasas herramientas para resolver los conflictos planteados o prevenir otros futuros, muchos de los cuales podrían evitarse.

Esto va más allá de poner en marcha mecanismos de inteligencia, seguimiento y procesamiento de conflictos. La reforma estatal en su esencia política tiene que ver, ante todo, con el perfil de lo público. En asuntos urticantes como el ambiental, por ejemplo, el Estado es percibido como “light” e incapaz de “pisar fuerte”. Y hay razón para ello pues no ha destacado estos años por su peso propio. Que no debe ser “opuesto” pero sí “distinto” a la gran inversión. Eso es esencial para afirmar su legitimidad como representante del conjunto frente a los intereses privados.

La débil identidad y perfil del Estado erosiona la palabra oficial. Afectando eslabones importantes del proceso de inversión, como los Estudios de Impacto Ambiental, hoy de credibilidad mermada (aunque algunos fueran serios). La percepción de un Estado débil en la defensa del agua y del medio ambiente ha sido estos años un indirecto factor contributivo de la conflictividad y la protesta. Esto debe cambiar.

Para que nadie se vaya a asfixiar ahora ni después, es impostergable afirmar la  representatividad del Estado así como el vigor y espacio de lo público. Esas son condiciones indispensables para el procesamiento de la conflictividad y dejar sin piso, además, a quienes quieren promover la violencia nutriéndose de legítimas preocupaciones de la gente, asfixiando a la democracia.