Enfrentar la discriminación es un asunto de ética, de principios democráticos y de obligaciones jurídicas. Por eso, es impostergable dar pasos firmes para enfrentar la discriminación por orientación sexual, asunto pendiente y que se encuentra en la agenda mundial. Que una encuesta circunstancial no arroje una masiva aprobación a un proyecto de ley sobre la unión civil no debería preocupar. ¿Conocen los encuestados el proyecto? Tendría que haber sido esa una pregunta previa.

Además, en la hipótesis de que ese desacuerdo de un sector estuviera fundado en un real conocimiento del proyecto, el deber de un Estado democrático no es sucumbir frente a los prejuicios sino enfrentarlos. Para no legitimar y consolidar distintas formas de discriminación. En EE.UU. en la década de los sesenta no fueron las encuestas las que condujeron a eliminar las leyes de discriminación racial. Lo fue el liderazgo democrático que enfrentó los prejuicios de un sector muy grande de la población blanca. La Corte Suprema de ese país estableció reiteradamente que “no se pueden tolerar esos prejuicios”. Así se hizo y se avanzó.

No hay excusa, ahora, para no avanzar contra la discriminación por orientación sexual. Teniendo en cuenta, entre otras razones, que la orientación sexual, tal cual lo han establecido la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “constituye un aspecto esencial de la identidad de una persona”. Así de claro. No es, por eso, una contradicción entre “izquierda” o “derecha”. En todo caso, si de contradicciones se trata, sería la modernidad vs. la caverna y de respeto a las personas contra la homofobia.

El diccionario define a la homofobia como la “aversión obsesiva hacia las personas homosexuales”. Es evidente que en el discurso público hay algunos personajes que encarnan singularmente esa obsesión ubicándose, por cierto, en las antípodas del planteamiento del papa Francisco. Así, el purpurado que sabemos –“pastor” silente frente al atroz crimen de pedofilia– arremete contra un grupo de seres humanos calificándolos –textualmente– como “mercadería dañada” o que no están en “el plan de Dios”. Verdadera condensación de laboratorio de una concepción inaceptablemente discriminatoria.

Pero la discriminación no consiste solamente en la persecución o en la homofobia patológica. También ocurre cuando –en los hechos o en el derecho– se restringe ciertos derechos. Por ello, la no discriminación no consiste solamente en “tolerar” conductas sino en reconocer derechos. Eso supone que el Estado debe garantizar con sus instituciones y normas que las personas los puedan ejercer.

Por eso, si dos personas adultas deciden ejercer libremente su identidad –“aspecto esencial de la persona”- en función de su orientación sexual, la sociedad y el Estado no solamente no pueden confrontarlo, sino que deben garantizar ese derecho. Actuar en dirección contraria no solamente iría contra el más elemental sentido ético de respeto a las identidades de cada cual sino que iría directamente en contra de insoslayables obligaciones jurídicas internacionales del Estado.

Por decisión soberana el Perú es parte de tratados y de tribunales internacionales cuyas decisiones el país se ha comprometido a respetar. La Convención Americana sobre Derechos Humanos proscribe la discriminación de todo tipo. La jurisprudencia interamericana también es obligatoria para toda autoridad nacional pues así lo establece el tratado y así lo ha dispuesto, reiteradamente, el Tribunal Constitucional. Todo eso obliga al Estado no solo a “no discriminar” sino a realizar lo necesario para enfrentar la discriminación.

La jurisprudencia interamericana es contundente: “… está proscrita… cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”. Si el Estado tiene esas obligaciones, tiene ahora la oportunidad de dar un paso concreto para avanzar en la ruta de la no discriminación.