Los Zetas es una de las organizaciones criminales más sanguinarias del continente. La captura hace unos días en México de su cabecilla, Miguel Ángel Treviño Morales, fue un buen punto a favor en la lucha contra el crimen organizado en la región. En distintas medidas, este problema afecta a todos los países latinoamericanos. Y se suma a la criminalidad de diferentes modalidades que se observa en la región. Este es, hoy por hoy, uno de los principales retos para la estabilidad institucional en nuestros países.

En el Perú mucha gente percibe a la delincuencia como uno de los problemas más importantes. Tanto, que en la encuesta de Ipsos publicada el domingo, la inseguridad ciudadana y la delincuencia son –luego de “no cumple sus promesas”–, la principal explicación de la desaprobación de la gestión del presidente Humala. Es un tema que, sin duda, la gente espera que el mandatario toque en su mensaje del próximo domingo 28.

El problema es complejo y, como se dice en criollo, debe analizarse “por partes y cucharadas”. Ya he comentado (LR 7/3/13 y 18/4/13) que pese a esta percepción, el Perú está muy lejos de ser “puntero” en criminalidad. Al revés, está dentro del 25% de países latinoamericanos con menos homicidios.

Pero el hecho es que esa percepción es un referente y dato político, y que la delincuencia es un problema regional que ha alcanzado picos en Centroamérica, México o Colombia, donde los indicadores de homicidios están muy por encima de lo observado en el Perú. Aunque no estemos “a la cabeza”, hay razones de más para ponerle toda la prioridad al tema ahora. Las experiencias en otros países pueden servir.

En el Perú se han dado algunos pasos en la dirección correcta. Por ejemplo, buscando reforzar y reequipar a la policía. O adoptando decisiones enérgicas frente a oficiales policiales cuestionables. Sin embargo, aún no se percibe una estrategia integral. Y, peor, eventualmente aparecen medidas facilistas como la ley aprobada la semana pasada en el Congreso para endurecer normas penales contra quienes cometen faltas. Este “populismo penal”, que probablemente satisfaga a las tribunas, llenará con más gente nuestras ya explosivas cárceles y no resolverá ningún problema. En Colombia está de regreso medidas como ésta.

El gran desafío es diseñar y poner en práctica una estrategia integral, como la que ha funcionado con éxito en algunos países. Ya he comentado aquí (LR 2/5/13) sobre la experiencia del convulsionado Estado mexicano de Chihuahua: reducción de homicidios (61%), secuestros (50%) y robos de vehículos (52%). ¿Cómo? Con una estrategia de cuatro componentes: prevención, mejoramiento de la policía, fortalecimiento de la justicia y participación ciudadana. Deberíamos de nutrirnos de esos modelos.

Por ejemplo, con políticas de prevención entre la juventud peruana, que tiene uno de los índices más altos en Latinoamérica de personas que no trabajan ni estudian (26,1 % son “ninis”). Centros de rehabilitación, de deporte y de acción social, han impedido en lugares como Ciudad Juárez que muchos jóvenes se conviertan en sicarios. En paralelo, sistemas efectivos de participación ciudadana que, con un espacio protagónico para los municipios, han contribuido a prevenir y resolver muchos crímenes.

Y, por cierto, una estrategia contra la delincuencia no será integral sin una reforma de la acción de la justicia y un gigantesco apoyo presupuestal. He tenido la ocasión de comprobar la semana pasada “in situ” cómo marchan en Santiago de Chile los tribunales que juzgan a acusados de delitos y faltas. Expeditivamente, con fiscales muy agudos y bien informados, una defensa de calidad para los justiciables solventada por el Estado y magistrados calificados. Que ha llevado que hoy en Chile exista uno de los más bajos porcentajes en América de presos sin sentencia. El resto purga condenas. ¿Cuáles son nuestras metas y recursos en este terreno para los próximos cinco años, por ejemplo? Sería muy bueno que eso se precise y se prevea los recursos para ello.

Necesitamos, pues, una estrategia que ponga en marcha no solo a la acción policial sino también al conjunto de instituciones del Estado y a la sociedad. Puede sonar a recurrente o inviable “buen deseo”. Pero es lo único que ha funcionado y funciona en países como los nuestros.